El Senado argentino fue escenario de una jornada de alta tensión política tras la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de habilitar una sesión clave, desoyendo un pedido directo del asesor presidencial Santiago Caputo. La sesión, que se desarrolló en un clima de desorden y mensajes cruzados entre la Casa Rosada y los gobernadores, resultó en la aprobación por unanimidad de aumentos jubilatorios, una nueva moratoria previsional y cambios en la distribución de fondos provinciales.

Previo al inicio del debate, Villarruel recibió un audio de Caputo solicitándole que no habilitara la sesión. Sin embargo, la vicepresidenta optó por avanzar y, tras consultar con su entorno, abrió el recinto cuando se alcanzó el quórum. Esta decisión marcó un quiebre definitivo en la relación entre Villarruel y el núcleo duro del Gobierno, que ya venía deteriorándose en los últimos meses.

La reacción del presidente Javier Milei no se hizo esperar. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio, calificó a Villarruel de "traidora", profundizando la crisis interna en el oficialismo. Mientras tanto, desde la Casa Rosada se activó un operativo legal para intentar judicializar la sesión, aunque reconocen que las posibilidades de éxito son limitadas. El Gobierno también evalúa vetar las leyes aprobadas, pero no cuenta con la certeza de poder sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde las alianzas políticas se han vuelto inestables.

En paralelo, la semana estuvo marcada por la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el control de un vuelo privado vinculado a empresarios cercanos al Gobierno. El juez Pablo Yadarola espera un informe clave desde Estados Unidos para determinar si se cumplieron los controles internacionales requeridos.

El episodio en el Senado y la investigación del vuelo reflejan el clima de incertidumbre y fragmentación política que atraviesa el país. Analistas señalan que la sociedad observa con creciente indiferencia las disputas entre los principales actores políticos, mientras el futuro de las leyes aprobadas y la estabilidad del oficialismo quedan sujetos a las próximas definiciones en el Congreso y la Justicia.