El Gobierno argentino atraviesa una semana decisiva marcada por la crisis política y judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Tras un mes de polémicas por la adquisición de propiedades y créditos preferenciales, la Justicia avanza con el levantamiento del secreto bancario y la toma de testimonios clave, mientras se espera que Adorni brinde su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril.

En este contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha intensificado los gestos de respaldo hacia Adorni, acompañándolo en actividades públicas y reforzando la imagen de unidad dentro del oficialismo. El presidente Javier Milei también ha defendido públicamente a su jefe de Gabinete, calificándolo como un "maravilloso funcionario" y minimizando el impacto de la causa judicial en la gestión.

Sin embargo, la situación interna es tensa. Diversos sectores del Gobierno reconocen el desgaste provocado por el escándalo y la caída en la imagen presidencial, reflejada en encuestas que muestran un creciente malestar social y preocupación por la economía. El Ejecutivo busca retomar la iniciativa política con el inminente envío al Congreso de la llamada "Ley de Hojarasca", que prevé la derogación de más de 70 normas, y la posible reforma política que podría suspender las elecciones primarias (PASO) de 2027.

La oposición, por su parte, aprovecha el momento para reorganizarse y aumentar la presión sobre el Gobierno, exigiendo mayor transparencia y respuestas ante la crisis. Analistas advierten que, si no se producen cambios de fondo, el deterioro de la imagen presidencial podría volverse irreversible, recordando episodios similares ocurridos durante la gestión de Mauricio Macri en 2018.

Mientras tanto, el oficialismo intenta blindar a sus principales figuras y mantener la cohesión interna, aunque persisten rumores sobre eventuales cambios en el gabinete. La semana se perfila como clave para el futuro político del Gobierno, que deberá equilibrar la gestión de la crisis judicial con la necesidad de avanzar en reformas y recuperar la confianza social.