El Gobierno argentino impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, una normativa aprobada en 2021 que obliga a los alimentos y bebidas a exhibir advertencias sobre excesos de azúcares, sodio, grasas o calorías. Legisladores oficialistas y aliados han presentado proyectos para eliminar la ley, argumentando que genera confusión en los consumidores, no incentiva la reformulación de productos y complica el comercio exterior, especialmente para las pymes exportadoras.

El diputado Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) sostuvo que la ley representa "un exceso de paternalismo" y que "lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria". Por su parte, Daiana Fernández Melero (PRO) enfatizó que "una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo". Ambos legisladores remarcaron que el sistema argentino utiliza criterios de medición que pueden derivar en advertencias diferentes para productos con igual cantidad de azúcar o sodio, lo que, según ellos, genera confusión.

Desde el sector de la salud, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, Ana Cáceres, defendió la ley y afirmó: "La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles". Cáceres destacó que la ley fue producto de un debate democrático y participativo, y que su derogación sería "invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría".

En el plano internacional, un estudio liderado por el economista argentino Guillermo Paraje, a publicarse en The Lancet, demostró que la implementación del etiquetado frontal en Chile logró revertir la tendencia creciente de sobrepeso y obesidad infantil. Paraje consideró que la ley argentina es "una de las mejores del mundo" y calificó el intento de derogación como "un error y un retroceso".

El debate continúa en el Congreso, mientras organizaciones de nutrición y sectores de la sociedad civil se movilizan para defender la ley. El resultado de esta discusión podría tener implicancias significativas para la salud pública y la regulación alimentaria en Argentina.