La Convención Constituyente de Santa Fe inició formalmente sus sesiones y dejó conformadas las ocho comisiones de trabajo encargadas de debatir la reforma de 42 artículos de la Constitución provincial. El proceso, que se extenderá por un máximo de 60 días, estuvo marcado por intensas negociaciones políticas para la integración de las comisiones y la elección de sus autoridades.

Uno de los puntos más destacados fue la polémica por la designación de todos los cargos jerárquicos en manos de varones, a pesar de la paridad de género en la composición general de convencionales. "Acabamos de votar los siete cargos parlamentarios y administrativos que van a sostener el funcionamiento de esta Convención y son en un cien por ciento varones", reclamó la convencional Lucila De Ponti, quien pidió una reflexión autocrítica y mayor compromiso con la igualdad de género.

En paralelo, el reglamento aprobado establece un plazo de 10 días para que la ciudadanía y organizaciones sociales presenten proyectos de reforma, abriendo la participación a la sociedad civil. Las comisiones abordarán temas como derechos fundamentales, régimen municipal, funcionamiento del Estado, y la posible reelección del gobernador, uno de los puntos más controvertidos.

El oficialismo logró imponer la mayoría simple para la aprobación de reformas, lo que facilita la posibilidad de modificar la cláusula que prohíbe la reelección inmediata del gobernador. Esta decisión generó divisiones en el bloque peronista y críticas de sectores opositores, que advierten sobre los riesgos institucionales de eliminar ese límite.

El inicio de la Convención también estuvo marcado por la internación de la convencional Alejandra Oliveras tras sufrir un ACV, lo que generó preocupación y postergó definiciones sobre su participación.

El debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe se da en un contexto de baja participación electoral y cuestionamientos sobre la oportunidad y el alcance de los cambios propuestos. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de modernizar la Carta Magna, sectores críticos advierten sobre el riesgo de priorizar intereses políticos por sobre el bien común.