El Senado de Entre Ríos inició este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma previsional, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial que busca modificar la Ley 8.732 y garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones. La discusión se desarrolla en el marco de una fuerte oposición sindical y de organizaciones de jubilados, que denuncian un ajuste sobre los haberes y la pérdida de derechos adquiridos.

El proyecto, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, propone elevar la base de cálculo del haber jubilatorio de los últimos 10 a los últimos 20 años de aportes, aumentar la edad y los años de servicio requeridos para acceder a la jubilación, y establecer aportes extraordinarios para salarios altos, además de incrementar en un 3% los aportes patronales. Si bien el 82% móvil se mantiene, la modificación en la base de cálculo podría reducir los haberes iniciales de los futuros jubilados.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, se trazó un cronograma de trabajo que prevé la convocatoria a gremios, asociaciones y especialistas para analizar el proyecto. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, defendió la iniciativa al afirmar que “es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial” y aseguró que “se preservarán los principales derechos del sistema vigente”.

Por su parte, la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano anunció un plan de lucha que incluye movilizaciones, acampes y cortes de ruta, y presentó más de 25.000 firmas en rechazo al proyecto. Los sindicatos sostienen que la reforma implica un ajuste que afectará los ingresos de los jubilados y denuncian la delegación de facultades al Poder Ejecutivo como inconstitucional.

El sistema previsional provincial enfrenta un déficit operativo de más de $135.000 millones en el primer trimestre de 2026, con una relación desfavorable entre aportantes y beneficiarios. El debate legislativo continuará en las próximas semanas, con la participación de diversos sectores y la expectativa de alcanzar consensos que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema sin afectar derechos adquiridos.