Una joven voluntaria de la Armada Argentina, Brisa Páez, de 21 años, permanece en estado crítico tras sufrir una grave lesión cerebral durante un entrenamiento antidisturbios en la base naval de Vicente López. El incidente, ocurrido el pasado 4 de abril, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de este tipo de prácticas.

Según los informes, Páez participaba en un simulacro de control de disturbios cuando un instructor impactó con fuerza el escudo que sostenía, provocando que cayera de espaldas y golpeara su cabeza contra el suelo. A pesar de mostrar signos evidentes de desorientación, el entrenamiento continuó durante varios minutos. La joven no recibió atención médica inmediata y fue trasladada al Hospital Militar Central solo después de que su estado se agravara, presentando convulsiones y parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Allí fue inducida a coma y diagnosticada con lesión axonal difusa, un daño cerebral severo.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, está a cargo de la investigación y ha ordenado la detención de nueve militares, incluyendo al instructor señalado como responsable del golpe. También se realizaron allanamientos en la base naval y en los domicilios de los implicados, incautando videos, documentos y teléfonos celulares. Los delitos investigados incluyen lesiones gravísimas, incumplimiento de deberes de funcionario público y posible encubrimiento.

El caso ha generado un fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes cuestionan la realización de entrenamientos antidisturbios por parte de la Armada. Sabina Frederic, exministra de Seguridad, calificó estas prácticas como ilegales, señalando que las fuerzas armadas no están habilitadas para intervenir en conflictos de seguridad interior. Otros expertos advierten sobre el peligro de un solapamiento entre las funciones de defensa y seguridad, lo que podría erosionar logros democráticos importantes.

La Armada Argentina ha iniciado una investigación interna, pero hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas. Mientras tanto, la familia de Páez y la sociedad en general exigen justicia y una revisión profunda de los protocolos militares para evitar que tragedias como esta se repitan. El caso de Brisa Páez no solo pone en cuestión la seguridad de los entrenamientos militares, sino que también reabre el debate sobre el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.