El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una de las mayores reestructuraciones de su historia tras la adhesión de más de 900 trabajadores al plan de retiro voluntario impulsado por el Gobierno Nacional. Esta medida, que forma parte de un proceso de ajuste y reorganización estatal, busca reducir la dotación de personal del organismo en aproximadamente un 21%, pasando de 5750 a 4500 empleados.

El programa de retiros voluntarios, que cerró el 10 de junio tras una prórroga, ofreció a los trabajadores una gratificación extraordinaria de 1,5 salarios por año de servicio, con topes diferenciados según la edad y la antigüedad. El costo total estimado del plan asciende a más de $100.000 millones, financiados por el Ministerio de Economía. Sin embargo, surgieron controversias respecto al reconocimiento de los años trabajados bajo la modalidad de planta no permanente, ya que muchos empleados no fueron informados adecuadamente sobre la necesidad de dejar constancia de este reclamo en el formulario de adhesión. Como resultado, varios expedientes quedaron sujetos a revisión por parte del Consejo Directivo del INTA.

El impacto del recorte es especialmente notorio en regiones como la Patagonia, donde la salida de personal especializado afecta líneas de trabajo estratégicas, como la vitivinicultura, la teledetección y el manejo de drones. Eduardo Cittadini, director regional de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, calificó la estrategia como "ineficiente" y advirtió que la pérdida de capacidades y la inversión en formación es difícil de recuperar. Por su parte, representantes gremiales señalaron que la reducción de personal se suma a problemas presupuestarios y salariales, dificultando la renovación de equipamiento y el cumplimiento de tareas en el territorio.

El ajuste en el INTA no es un fenómeno aislado. Desde fines de 2023, casi 2000 profesionales han dejado el organismo por retiros, jubilaciones y renuncias. Además, el cierre de agencias de extensión y experimentales en todo el país avanza, aunque la Justicia frenó temporalmente la clausura de la Estación Experimental AMBA en Ituzaingó tras un amparo presentado por gremios y trabajadores.

El clima interno es de desánimo y preocupación. Muchos trabajadores expresan su malestar por la desinformación y la falta de reconocimiento a su trayectoria, mientras que directivos y gremios llaman a "reconstruir" el organismo con el personal que permanece. El futuro del INTA y de la investigación agropecuaria nacional queda así marcado por la incertidumbre y el desafío de mantener la capacidad científica y técnica en un contexto de recursos menguantes.