La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó más de 150 radares de velocidad que operaban sin la debida autorización en rutas nacionales de Argentina, en el marco de un operativo de fiscalización y regularización realizado durante enero de 2026. El relevamiento, que abarcó más de 40.000 kilómetros de la red vial nacional, permitió identificar 152 cinemómetros fijos funcionando al margen de la normativa vigente, lo que llevó a la ANSV a exigir su retiro inmediato y el cese de su utilización para labrar infracciones.

Según los datos oficiales, al inicio del operativo existían 526 radares autorizados para operar en rutas nacionales, de los cuales 363 eran fijos y 163 móviles. Sin embargo, solo 239 de los equipos fijos se encontraban en el lugar para el que habían sido habilitados, mientras que 124 no estaban en su ubicación asignada. Ante esta situación, la ANSV intimó a las jurisdicciones responsables para que informen el estado operativo de los dispositivos y, en caso de no estar en funcionamiento, procederá a dar de baja las autorizaciones correspondientes. Ya se han revocado permisos en localidades como Azul y Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y Dina Huapi, en Río Negro.

El operativo se produce tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la potestad de la ANSV para autorizar y fiscalizar los sistemas automáticos de constatación de infracciones en rutas nacionales, en respuesta a un reclamo del municipio de Darwin, Río Negro. La Corte desestimó el recurso extraordinario presentado por la comuna, subrayando que la autoridad nacional es la competente para regular estos dispositivos.

La ANSV recordó que, para que una fotomulta sea válida, debe cumplir con requisitos técnicos y legales estrictos, incluyendo la identificación precisa del radar, la ubicación, la fecha y hora de la infracción, la velocidad permitida y registrada, y la imagen clara de la patente del vehículo. Además, la notificación debe realizarse dentro de los plazos legales y el control debe estar debidamente señalizado.

El organismo habilitó una consulta pública en su sitio web para que los ciudadanos puedan verificar la autorización de los radares. La medida busca transparentar el sistema de control de velocidad y erradicar prácticas irregulares, garantizando que los dispositivos cumplan un rol preventivo en la seguridad vial. Especialistas y legisladores han destacado la importancia de la fiscalización adecuada, aunque también han señalado la necesidad de mejorar los sistemas de notificación y evitar cobros indebidos, como ocurrió en Darwin y Conesa. La ANSV continúa trabajando para que todas las jurisdicciones ajusten sus sistemas a la normativa nacional y así fortalecer la prevención de siniestros viales en el país.