Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo, fue detenido este miércoles para comenzar a cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión efectiva. La medida fue dispuesta por la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia al rechazar el último recurso extraordinario presentado por la defensa de Uberti.

La causa se remonta a la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado procedente de Venezuela aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery. Entre los pasajeros se encontraba el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien intentó ingresar al país una valija con 790.550 dólares sin declarar. El equipaje fue detectado por la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María de Luján Telpuk, lo que derivó en la incautación del dinero y el inicio de una investigación judicial que se extendió por casi dos décadas.

Uberti fue condenado como coautor del delito de contrabando agravado en grado de tentativa, por la intervención de dos o más personas y su condición de funcionario público. El dinero incautado fue posteriormente destinado a jardines de infantes de zonas vulnerables. Antonini Wilson, por su parte, participó de un acto en la Casa Rosada ese mismo día y luego regresó a Estados Unidos, donde colaboró con el FBI y declaró que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia argentina solicitó su extradición, pero nunca fue concretada.

El caso tuvo repercusiones internacionales, incluyendo condenas en Estados Unidos a ciudadanos venezolanos y un uruguayo por intentar comprar el silencio de Antonini Wilson. En Argentina, la investigación se reactivó en 2018 y culminó en 2023 con la condena de Uberti y penas menores para otros exfuncionarios aduaneros. Julio De Vido y Ricardo Echegaray, también imputados, resultaron absueltos.

Uberti, de 68 años, fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Además, es imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, donde declaró haber recaudado dinero de concesionarias viales para Néstor Kirchner y que Cristina Kirchner estaba al tanto de estas operaciones. La decisión de la Corte Suprema cierra un capítulo judicial emblemático y refuerza la lucha contra la corrupción en la función pública.