El 28 de mayo de 2025, la comunidad universitaria de Argentina se movilizó hacia el Congreso Nacional para presentar un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, impulsada por rectores, docentes, estudiantes y no docentes, busca garantizar recursos adecuados para el sistema de educación superior en un contexto de crisis presupuestaria y salarial.

El proyecto propone un mecanismo de asignación automática de fondos, denominado "Proporción Universitaria", que busca alcanzar una inversión del 1.5% del PBI en educación universitaria para 2031, comenzando con un 1% en 2026. Además, establece la convocatoria a paritarias salariales trimestrales con ajustes mensuales según la inflación, y una recomposición salarial inmediata desde diciembre de 2023. También incluye un fondo de 10 mil millones de pesos para promover carreras estratégicas como inteligencia artificial y ampliar el sistema de becas universitarias.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), destacó que el desfase presupuestario alcanza el 100% respecto a la inflación desde 2023, lo que ha llevado a que el 80% de los trabajadores universitarios perciban salarios por debajo de la línea de pobreza. "La situación es crítica y requiere soluciones estructurales", afirmó.

La jornada de movilización incluyó una concentración frente al Congreso, actividades de difusión en universidades de todo el país y un streaming en vivo para que la comunidad universitaria pudiera seguir el tratamiento del proyecto. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), señaló que "esta ley representa una herramienta fundamental para defender la educación pública y proyectar un sistema universitario a la altura de las necesidades del país".

El contexto de esta iniciativa se remonta a 2024, cuando una ley similar fue vetada por el presidente Javier Milei, generando masivas protestas. Desde entonces, la situación presupuestaria y salarial de las universidades se ha agravado, afectando la infraestructura, los programas científicos y la calidad educativa.

La propuesta ha generado un amplio respaldo en la comunidad educativa y científica, que espera que el Congreso debata y apruebe la ley como una solución estructural y duradera para el sistema universitario público.