Un grave derrame en el pozo petrolero LO X-10, ubicado en Lomas de Olmedo, departamento Orán, Salta, ha desencadenado una crisis ambiental y social que involucra a seis empresas petroleras y al gobierno provincial. La provincia de Salta presentó una demanda ambiental contra President Petroleum SA, YPF SA y otras cuatro compañías, exigiendo la reparación integral y la restauración del ecosistema afectado por la fuga de gas y líquidos contaminantes.

El incidente, detectado inicialmente en 2023 y agravado en las últimas semanas, ha provocado la muerte de más de 300 animales y afecta directamente a 48 familias que residen en las cercanías. El senador Juan Cruz Curá advirtió sobre el riesgo para la salud de la población y la proximidad de una escuela a la zona contaminada. "Estamos hablando de un desastre ambiental en pleno desarrollo, que afecta a la salud de las personas, pone en riesgo la vida de los animales y genera angustia permanente para las familias rurales", declaró Curá.

El gobierno provincial, a través de un Comité de Crisis, estableció un perímetro de seguridad de entre 200 y 300 metros alrededor del pozo, prohibiendo el acceso a personal no autorizado y ordenando la contención de fluidos y el refuerzo de medidas de seguridad. Se realizarán nuevos estudios con laboratorios certificados para definir con precisión las áreas de riesgo y avanzar en la remediación.

President Petroleum, última operadora del pozo, niega su responsabilidad alegando que el pozo no figura en su inventario y que fue perforado originalmente por YPF en 1983. El costo estimado de la remediación asciende a 15 millones de dólares, lo que ha generado un conflicto económico y legal entre las partes involucradas.

El Ministerio Público Fiscal ya interviene en la causa, mientras legisladores y productores reclaman mayor celeridad en la respuesta y sanciones ejemplares para las empresas responsables. El caso ha reavivado el debate sobre la regulación y fiscalización de la industria petrolera en la región, con pedidos de intervención nacional y mecanismos más estrictos de control ambiental.

La situación sigue bajo monitoreo permanente, y el gobierno provincial ha prometido mantener informada a la comunidad sobre los avances en la contención y remediación del desastre.