Lázaro Báez, empresario santacruceño de 70 años y figura central en las causas de corrupción conocidas como “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, fue internado de urgencia en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza tras presentar un cuadro de pulmonía. Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión y su estado de salud ha sido motivo de reiterados reclamos judiciales por parte de su defensa, que insiste en la necesidad de otorgarle prisión domiciliaria debido a un presunto deterioro físico progresivo.

Según fuentes oficiales, Báez fue asistido por personal médico del Hospital Penitenciario Central, donde se le diagnosticó un cuadro respiratorio. El parte médico indica que el empresario se encuentra clínicamente estable, sin fiebre y con parámetros vitales normales, y que regresó a su celda tras recibir tratamiento con antihistamínicos y corticoides. Sin embargo, desde el entorno de Báez y su equipo legal sostienen que la situación es grave y que no se están realizando los controles médicos adecuados, especialmente en relación a su diabetes y otras patologías crónicas.

La defensa presentó un nuevo pedido de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación Federal, argumentando la imposibilidad de garantizar el seguimiento médico necesario en el penal. Además, denuncian la falta de insumos para el control de la glucosa y la ausencia de interconsultas especializadas, a pesar de que Báez fue sometido a una intervención quirúrgica por un pólipo de colon hace ocho meses. El Cuerpo Médico Forense, por su parte, concluyó que las patologías de Báez son crónicas pero están bajo tratamiento y que la privación de la libertad no impide su recuperación.

El juez federal de Río Gallegos ya había rechazado el año pasado un pedido similar, aunque dispuso estudios cardiológicos y avaló el traslado de Báez a Ezeiza por su mejor infraestructura sanitaria. La Cámara de Casación Federal fijó una audiencia para el 10 de junio, donde se evaluará el nuevo pedido de arresto domiciliario. El caso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política y judicial, dado el perfil del condenado y la magnitud de las maniobras de lavado de dinero por las que fue sentenciado.