El presidente Javier Milei intensificó la confrontación política con los gobernadores y el Congreso tras suspender su viaje a Tucumán por el Día de la Independencia, citando razones climáticas. En una extensa entrevista radial, Milei acusó a los mandatarios provinciales de buscar “destruir al gobierno nacional” y de formar parte de lo que denominó “el partido del Estado”.

El mandatario fue enfático al afirmar que vetará cualquier proyecto de ley que implique un aumento del gasto público y que, en caso de que el Congreso rechace sus vetos, recurrirá a la Justicia. “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, sostuvo. Además, minimizó el impacto de eventuales leyes opositoras, calificando sus efectos como “transitorios” y asegurando que la economía continuará expandiéndose.

La tensión se da en vísperas de una sesión clave en el Senado, donde la oposición impulsa proyectos previsionales, de emergencia en discapacidad y de coparticipación federal. Milei advirtió que estos proyectos costarían “2,5 puntos del PBI” y reiteró que, tras las elecciones legislativas de octubre, revertirá cualquier ley aprobada por la oposición. “Jodan todo lo que quieran: los espero el 11 de diciembre”, desafió.

Los gobernadores, por su parte, justifican sus reclamos por mayores fondos y critican la subejecución de recursos nacionales. Incluso aliados del oficialismo manifestaron su descontento por la falta de diálogo y la generalización de las críticas presidenciales. “Les votamos todos y nos meten en la misma bolsa que los kirchneristas”, expresó un gobernador citado por la prensa.

El presidente también expresó dudas sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Cámara Alta, señalando: “Esperemos que defienda los porotos como corresponde. Los pingos se ven en la cancha”.

El conflicto se enmarca en una estrategia del Ejecutivo de mantener el equilibrio fiscal y apostar a una victoria electoral en octubre para consolidar su agenda. Analistas advierten que la confrontación institucional podría tener consecuencias económicas y políticas en el corto plazo.