El Senado de la Nación aprobó la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, en una sesión que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvo marcada por intensas protestas en las inmediaciones del Congreso. Con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, el oficialismo logró una mayoría cómoda, apoyado por sectores aliados, para convertir en ley uno de los proyectos más debatidos de los últimos años.

La reforma laboral elimina el polémico artículo 44, que proponía reducir hasta un 50% el sueldo de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves, y establece modificaciones en el sistema de indemnizaciones, el pago de salarios y las vacaciones. Además, incorpora regulaciones para nuevas modalidades laborales, como el trabajo en plataformas digitales y el banco de horas, lo que representa una actualización significativa de la normativa vigente.

Tras la votación, el presidente Javier Milei celebró el resultado en redes sociales, destacando el trabajo conjunto de La Libertad Avanza y sus aliados. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, fue protagonista en las negociaciones y se mostró eufórica junto a los senadores libertarios, calificando el momento como un hito en la gestión de Milei.

Sin embargo, la sanción de la ley no cierra el debate. Especialistas en derecho laboral advierten que varios artículos de la reforma serán objeto de disputas judiciales, especialmente aquellos relacionados con el sistema de indemnizaciones y la redefinición del trabajo independiente. "La judicialización es inevitable. Cuando una reforma altera principios estructurales del derecho del trabajo, el Poder Judicial pasa a ser el ámbito natural de debate", señaló la abogada laboralista Carla Moreno. Otros expertos, como Martín Juárez Ferrer, advierten que la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y el uso de tasas bajas de actualización podrían generar controversias en los tribunales.

El Gobierno sostiene que la reforma busca reducir la llamada "industria del juicio" y promover la formalización del empleo, mientras que críticos alertan sobre un posible retroceso en derechos adquiridos y una mayor rotación laboral. En este contexto, se espera que la ley comience a aplicarse de inmediato, aunque la constitucionalidad de algunos artículos podría tardar años en resolverse en la Corte Suprema. Durante ese período, miles de relaciones laborales estarán regidas por la nueva normativa, en un escenario de incertidumbre jurídica.

La reforma laboral impulsada por el oficialismo marca un cambio profundo en la legislación argentina y abre una etapa de debate político y judicial que podría extenderse durante años, con implicancias directas para trabajadores, empresas y sindicatos.