La crisis de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina se agrava en el inicio del tercer año de gestión de Javier Milei. Según relevamientos sectoriales y datos de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), más de 31.500 pymes podrían cerrar sus puertas en 2026, lo que representa el 6,3% del total nacional. Esta cifra se sumaría a las más de 20.000 empresas que ya cesaron sus actividades en 2025, reflejando un deterioro sostenido del entramado productivo.

El principal motivo de preocupación para los empresarios no es la normativa laboral, sino la caída persistente del consumo interno, la pérdida de rentabilidad y el impacto de la apertura de importaciones. "Las empresas se endeudan para sobrevivir, no para crecer", advierte un informe sectorial, que señala que el endeudamiento para el pago de salarios alcanzó al 27,2% de las pymes, un incremento significativo respecto al año anterior.

El debate sobre la reforma laboral, impulsada por el Gobierno y actualmente en discusión en el Congreso, no logra consenso entre los actores productivos. Solo el 1% de los empresarios encuestados considera que la iniciativa oficial puede incentivar la recuperación. Por el contrario, el 56,3% prevé un empeoramiento de la economía y el 21,5% no encuentra variables de crecimiento aplicables a su negocio.

El impacto de la crisis se refleja también en el empleo: al cierre de 2025, el sector pyme registró una caída del 1,9% en los puestos de trabajo, con especial incidencia en la industria. Siete de cada diez empresas reportan que sus trabajadores perdieron poder adquisitivo, lo que profundiza la retracción de la demanda local. Además, el 71% de las pymes no planea incorporar personal en el corto plazo.

El entorno macroeconómico adverso, caracterizado por tasas de interés elevadas, alta presión impositiva y escaso acceso al crédito, agrava la situación. La apertura comercial y la competencia de productos importados afectan especialmente a sectores como el textil, donde se reporta una caída de entre el 13% y el 15% del empleo y el cierre de más de 500 empresas.

Frente a este panorama, empresarios y cámaras pymes reclaman políticas activas, acceso al crédito y protección del mercado interno. Analistas y economistas coinciden en que la estabilidad macroeconómica y el financiamiento de largo plazo son condiciones necesarias para la recuperación productiva. Mientras tanto, el debate sobre la reforma laboral continúa sin la participación activa de las pymes, que generan el 80% del empleo registrado en el país.