Trece gobernadores argentinos inauguraron el período de sesiones ordinarias en sus respectivas legislaturas, en una jornada marcada por el contraste entre las agendas provinciales y las políticas impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei. El evento, que se desarrolló en paralelo al discurso presidencial ante el Congreso, evidenció las tensiones existentes en torno a la distribución de recursos, la continuidad de la obra pública y el modelo de federalismo vigente.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz abrió el 128° período de sesiones con un mensaje que combinó respaldo institucional a la Casa Rosada y reclamos por fondos nacionales. Sáenz destacó el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia durante seis años consecutivos y la reducción de la deuda pública de 640 a 346 millones de dólares entre 2019 y 2025. "Le dimos las herramientas necesarias para que pueda llevar adelante su plan de gobierno", afirmó, en referencia al apoyo legislativo salteño a reformas nacionales. Sin embargo, advirtió que el bienestar de Salta es un límite innegociable y reclamó la reactivación de obras públicas paralizadas, señalando que la provincia perdió más de 436.000 millones de pesos en coparticipación en el último año.

El presupuesto salteño para 2026 prevé una inversión de 4,2 billones de pesos, con más del 85% destinado a salud, educación y seguridad. Sáenz subrayó la continuidad de la obra pública con fondos provinciales, la entrega de viviendas y avances en infraestructura vial, así como mejoras en el sistema sanitario, incluyendo la disminución de la mortalidad infantil y la implementación de la historia clínica electrónica en todos los hospitales.

En otras provincias, los gobernadores también pusieron énfasis en el orden de sus cuentas y la gestión de recursos propios, aunque no faltaron críticas al ajuste nacional. Gildo Insfrán, de Formosa, fue especialmente duro al denunciar la "sumisión" de Argentina ante potencias extranjeras y advertir sobre el impacto negativo de las reformas libertarias. Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, anunció la adhesión al régimen de incentivos para grandes inversiones, en una decisión sorpresiva que contrasta con la postura previa de gobernadores kirchneristas.

El inicio del año legislativo provincial se da en un contexto de reconfiguración política tras las elecciones de 2025, con gobernadores dialoguistas y opositores adoptando diferentes estrategias frente a la Casa Rosada. La obra pública, el federalismo y la defensa de modelos provinciales se consolidan como ejes centrales de la disputa política, mientras se mantienen llamados al diálogo institucional y a la búsqueda de consensos para enfrentar los desafíos económicos y sociales.