El Gobierno nacional atraviesa una de sus semanas más complejas desde la asunción de Javier Milei, con una escalada de tensiones con los gobernadores provinciales y una pérdida de apoyos clave en el Congreso. La disputa central gira en torno a la distribución de fondos coparticipables y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que los 24 mandatarios provinciales reclaman mediante una ley que garantice su transferencia automática, independientemente de la voluntad presidencial.

En el Congreso, la oposición, con respaldo de legisladores aliados y de fuerzas provinciales, logró avanzar en proyectos que incomodan al oficialismo, como el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la mejora de las jubilaciones. Estos proyectos, que implican un aumento del gasto público, desafían el plan de ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo y cuentan con amplio apoyo en ambas cámaras. El Gobierno ya anticipó que vetará estas iniciativas, pero su capacidad para sostener los vetos en el Congreso se ve cada vez más comprometida ante la pérdida de aliados.

La estrategia oficialista se centra en ganar tiempo hasta el recambio legislativo de octubre, mientras busca recomponer el diálogo con las provincias. Para ello, la Jefatura de Gabinete planea convocar a los gobernadores a una reunión después del 9 de julio, aunque las negociaciones previas han resultado infructuosas. En paralelo, la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la Casa Rosada se encuentra deteriorada, lo que complica aún más la gestión parlamentaria.

El trasfondo de la crisis radica en la falta de gobernadores afines al oficialismo y en la ruptura de alianzas con el PRO, la UCR y bloques provinciales, que hasta hace poco permitieron al Gobierno aprobar leyes clave y sostener vetos. El endurecimiento de la política fiscal, los recortes y las promesas incumplidas han generado un frente común entre los mandatarios provinciales, que ahora impulsan proyectos para garantizar recursos y autonomía financiera.

Analistas advierten que la situación expone al Gobierno a un riesgo de aislamiento político y debilidad institucional, en un contexto de presión del FMI y demandas sociales insatisfechas. El desenlace de la crisis dependerá de la capacidad del Ejecutivo para reconstruir consensos y evitar que la oposición imponga su agenda en el Congreso.