El escándalo por el fentanilo contaminado en Argentina ha puesto en el centro del debate la relación entre la industria farmacéutica, la política y la seguridad sanitaria. Según denuncias de la legisladora Graciela Ocaña, casi 100 personas han fallecido tras consumir medicamentos adulterados producidos por HLB Pharma, cuyo titular, Ariel García Furfaro, mantiene vínculos históricos con el kirchnerismo.

Ocaña, exministra de Salud y candidata a senadora, detalló que García Furfaro pasó de administrar verdulerías en el oeste del conurbano bonaerense a liderar laboratorios farmacéuticos, entre ellos HLB Pharma, Ramallo y Apolo. La legisladora señaló que el empresario, junto a su socio Jorge Salinas, estuvo involucrado en causas judiciales relacionadas con la mafia de los medicamentos y el tráfico de efedrina. Además, García Furfaro habría participado en negociaciones para la compra de vacunas Sputnik con funcionarios nacionales y provinciales durante la pandemia de COVID-19.

El modelo de negocios de HLB Pharma se basó en ofrecer medicamentos a precios bajos, lo que permitió su expansión en el mercado estatal, pero a costa de la calidad de los productos. Ocaña advirtió que esta estrategia derivó en graves problemas de contaminación y adulteración, como el caso del fentanilo, que ya provocó casi 100 muertes. La legisladora también recordó antecedentes de irregularidades, como la explosión en el laboratorio Apolo en Rosario en 2016 y la denuncia por contaminación de dexametasona en Concordia en 2023.

La causa judicial, abierta hace cuatro meses, aún no ha avanzado en la citación de los responsables técnicos de los laboratorios. Ocaña criticó la actuación del juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, y la falta de respuestas por parte de la ANMAT, el organismo encargado de controlar la calidad de los medicamentos. "Nunca he visto una adulteración de medicamentos con tantos fallecidos y que nada pase", expresó la legisladora, quien exige explicaciones y justicia para las familias afectadas.

El Gobierno analiza la posibilidad de recusar al juez Kreplak, mientras abogados y familiares de víctimas cuestionan la defensa de los laboratorios y la falta de transparencia en el proceso. El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de la industria farmacéutica y la necesidad de fortalecer los controles estatales para evitar nuevas tragedias.