El hallazgo de un arsenal de guerra enterrado en la localidad santafesina de Roldán encendió las alarmas en el gobierno provincial, que confirmó la existencia de un plan criminal para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Según informaron fuentes oficiales, el operativo policial permitió secuestrar fusiles de asalto, pistolas de última generación y municiones capaces de perforar vehículos blindados, elementos que, de acuerdo a informes de inteligencia, estaban destinados a un ataque directo contra la máxima autoridad provincial.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó que la hipótesis de un atentado contra Pullaro se consolidó tras recibir información de al menos tres fuentes independientes, lo que llevó a reforzar la custodia del mandatario y a recomendar la restricción de su exposición pública. “La gravedad de los datos recibidos nos obligó a elevar todos los niveles de alerta y seguridad, especialmente en los controles de acceso a edificios gubernamentales”, señaló Cococcioni.

Las investigaciones apuntan a la banda narco conocida como "Los Menores" como principal responsable del plan, motivado por el endurecimiento de las condiciones de detención para presos de alto perfil y el avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria "El Infierno". Los líderes de la organización, actualmente aislados en cárceles bajo estrictas medidas, habrían transmitido órdenes para organizar el atentado a través de allegados.

El operativo, realizado a principios de marzo, incluyó allanamientos en Roldán, Ibarlucea y Rosario, donde se detuvo a varios sospechosos y se incautaron armas de guerra, dinero en efectivo y vehículos. Entre los detenidos figuran miembros de la banda y personas encargadas de custodiar el arsenal. La justicia dictó prisión preventiva para algunos de los implicados, mientras que Matías Gazzani, señalado como uno de los líderes, permanece prófugo y es buscado con una recompensa de 70 millones de pesos.

El gobierno provincial, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, mantiene la presión sobre las estructuras delictivas y ratifica su compromiso de no ceder ante las amenazas. “No vamos a ceder ni un milímetro en el rumbo de la política de seguridad”, afirmó Cococcioni. Pullaro, por su parte, evalúa las recomendaciones de seguridad, aunque reconoce la dificultad de restringir su actividad pública en el ejercicio de su función.

El caso recuerda el atentado sufrido por el exgobernador Antonio Bonfatti en 2013, lo que refuerza la preocupación por la seguridad de los funcionarios en la provincia. Las autoridades insisten en que la violencia está contenida gracias a un trabajo robusto de inteligencia y control penitenciario, aunque advierten que el peligro persiste mientras las organizaciones criminales no sean completamente desmanteladas.