El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que participaron en el paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, que generó fuerte tensión sindical y política, se enmarca en el rechazo a la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei, aún sin detalles oficiales presentados.

Desde temprano, miles de trabajadores estatales se retiraron de sus puestos laborales y se concentraron frente al ex Ministerio de Trabajo, donde se realizó un acto central. Según estimaciones del sindicato, la adhesión al paro superó el 90% en todo el país, con entre 5.000 y 7.000 manifestantes en la capital. El reclamo principal fue la reapertura de paritarias y la denuncia de una pérdida del 32% del poder adquisitivo en los últimos 23 meses, según cálculos de ATE.

La jornada transcurrió sin incidentes graves, aunque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió públicamente sobre el protocolo antipiquetes y presentó una denuncia judicial contra el líder sindical Rodolfo Aguiar por supuestas amenazas de atentar contra el orden constitucional. "La manifestación es en la vereda y de forma pacífica. Si tiran una piedra, empujan o se ponen violentos contra las fuerzas, las fuerzas van a responder", señaló Bullrich. Aguiar, por su parte, calificó el descuento como "una amenaza ilegal para desalentar la medida de fuerza" y negó las acusaciones, asegurando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

El Gobierno minimizó el impacto del paro y sostuvo que la reforma laboral no contempla modificaciones en la ley de empleo público. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la convocatoria sindical y remarcó que "sorprenden las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral".

El conflicto se da en el marco de negociaciones legislativas y tras las elecciones de octubre, con la reforma laboral como parte de un paquete de cambios que incluye la reforma tributaria y el nuevo Código Penal. La oposición y otros gremios expresaron su rechazo a la iniciativa y apoyo a la movilización, mientras el Gobierno busca respaldo de sectores empresariales y gobernadores para avanzar con su agenda.