El sábado 16 de noviembre, la ciudad de Allen, en Río Negro, fue escenario de un violento episodio que reavivó el debate sobre la inseguridad y la justicia por mano propia. Enrique "Jarita" Jara, propietario de una regalería céntrica, atacó con un machete a un hombre que intentaba robarle fuera de su local. El presunto ladrón sufrió una herida grave en la mano y debió ser hospitalizado de urgencia, mientras que el comerciante fue detenido por la policía y liberado tras varias horas de demora.

Según el testimonio de Jara, el enfrentamiento se produjo luego de que el sospechoso, a quien identificó como responsable de robos previos, lo amenazara en la vereda de su negocio. "Reaccioné muy mal, lo reconozco, pero la ira me superó. No digo que salgamos a hacer esto, pero estamos cansados de esta gente que te roba y se caga de risa de vos", declaró el comerciante en una entrevista con medios locales. Jara admitió que el golpe iba dirigido a la cabeza del agresor y que la situación podría haber terminado en tragedia: "Por suerte puso el brazo, porque si no estaríamos hablando de un asesinato. En un segundo te podés cagar la vida".

El hecho generó una ola de reacciones en la comunidad. Numerosos vecinos se manifestaron en redes sociales y frente a la comisaría, exigiendo la liberación de Jara y justificando su accionar como defensa ante la reiteración de robos en la zona. "Es un héroe, le hizo un bien a la sociedad", expresó uno de los residentes. Sin embargo, también hubo voces que alertaron sobre las consecuencias legales de la justicia por mano propia y la necesidad de actuar dentro del marco legal.

La investigación judicial se centra ahora en determinar si el comerciante actuó en legítima defensa o si excedió los límites permitidos por la ley. El uso de un machete y la gravedad de la lesión serán factores clave en la definición del caso, junto con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y antecedentes del presunto ladrón.

El episodio expone la tensión permanente entre una población agobiada por los hechos delictivos y la legislación que penaliza acciones tomadas fuera del marco de la legítima defensa. En Allen, como en otras ciudades del Alto Valle, crece la preocupación por el aumento de robos y la percepción de falta de contención estatal, factores que alimentan reacciones extremas y dividen a la comunidad. El futuro procesal de Jara dependerá de las pericias, la declaración de testigos y el análisis judicial sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, en un caso que obliga a revisar la respuesta institucional frente al delito recurrente.