El proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei para consagrar la "inviolabilidad de la propiedad privada" ha generado un fuerte debate en el Senado argentino y ha reavivado tensiones con la Iglesia Católica y organizaciones sociales. La iniciativa, defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la ley de integración sociourbana vigente desde 2018, facilitando desalojos exprés y limitando la expropiación de terrenos para la urbanización de barrios populares.

La Iglesia Católica, a través de figuras como el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y el presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, ha manifestado su preocupación por el posible impacto regresivo de la medida. "No hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’", expresó Rossi, subrayando la necesidad de garantizar el acceso a tierra, techo y trabajo como derechos fundamentales. Carrara, por su parte, advirtió en el Senado sobre el riesgo de dejar de lado una ley que fue producto de amplio consenso y diálogo social.

Organizaciones como TECHO y la Mesa de Barrios Populares también han cuestionado el proyecto, señalando que podría afectar a más de 5 millones de personas en 6.467 barrios populares identificados por el ReNaBaP. En Córdoba, se estima que unas 40.000 familias podrían verse directamente perjudicadas. Además, se denunció la paralización de 671 obras de integración y la existencia de más de 11.000 mujeres con pagos pendientes del programa Mi Pieza.

El gobierno, en cambio, sostiene que la ley actual ha sido ineficaz, resolviendo solo el 0,08% de los casos en una década, y propone trasladar la responsabilidad de la regularización a provincias y municipios. El debate sobre la propiedad privada y el destino universal de los bienes tiene raíces históricas y doctrinales, con la Iglesia recordando que la propiedad no es un derecho absoluto.

El proyecto sigue en discusión en el Senado, sin fecha confirmada para su votación, y el tema continúa generando divisiones entre los distintos actores políticos, sociales y religiosos. El desenlace de este debate podría tener profundas implicancias para la política habitacional y los derechos de los sectores más vulnerables en Argentina.