El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma política que busca implementar en las elecciones de 2027. Entre los principales cambios que se discuten se encuentran la eliminación o flexibilización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la boleta única de papel para permitir el voto por lista completa, y el endurecimiento de los requisitos para la presentación de candidaturas presidenciales.

El presidente Javier Milei anunció la iniciativa durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, destacando la necesidad de una reforma integral del sistema electoral y del financiamiento de los partidos políticos. El objetivo, según fuentes oficiales, es reducir la fragmentación política, simplificar la oferta electoral y fortalecer el arrastre electoral del presidente sobre las listas legislativas.

El proyecto contempla elevar de cinco a diez el número de provincias con personería partidaria necesarias para competir por la presidencia, así como aumentar la cantidad de avales requeridos para oficializar candidaturas. Además, se evalúa habilitar nuevamente los aportes de empresas privadas a las campañas electorales, bajo esquemas de control y transparencia, para reducir la dependencia de los partidos respecto del financiamiento estatal.

Otro aspecto central es la coordinación del calendario electoral entre provincias y nación, con el fin de evitar el desdoblamiento de comicios provinciales y municipales. Hasta el momento, solo el gobernador de Chaco ha manifestado predisposición a avanzar en esa dirección, mientras que la oposición anticipa que la mayoría de las provincias mantendrán sus elecciones separadas.

El debate sobre el futuro de las PASO sigue abierto, ya que dentro del propio oficialismo no existe consenso pleno sobre su eliminación. Algunos sectores promueven convertirlas en optativas, en caso de no prosperar la iniciativa de suprimirlas.

La reforma electoral se presenta como una estrategia para ordenar la oferta política y mejorar la representación parlamentaria del oficialismo, aunque genera controversia entre dirigentes opositores y expertos, quienes advierten sobre los riesgos de concentrar poder y de reformas improvisadas. El debate continuará en el Congreso y entre los actores políticos de cara a las elecciones de 2027.