El Gobierno nacional avanza con la privatización de casi 10.000 kilómetros de rutas nacionales, en un proceso que implica la transferencia de la gestión, mantenimiento y cobro de peajes a empresas privadas. El nuevo esquema, que elimina los subsidios estatales, prevé un fuerte aumento en las tarifas de peaje y la instalación de numerosas nuevas estaciones a lo largo de los principales corredores viales del país.

Según los pliegos licitatorios, los concesionarios podrán ofrecer una combinación de precio de peaje y tiempo de concesión, con contratos que van de 20 a 30 años. En rutas como la 7, 3, 205, 226 y 5, los valores máximos de peaje alcanzarán hasta $4.100 por cabina, lo que representa incrementos de entre 33% y 173% respecto a las tarifas actuales. El sistema de cobro será mayormente automático, con la implementación de vías sin barreras físicas y descuentos para usuarios frecuentes mediante TelePASE.

Sin embargo, el plan ha generado críticas y decepción entre usuarios y comunidades, ya que las obras previstas se limitan principalmente a tareas de mantenimiento, bacheo y mejoras puntuales. Por ejemplo, en el Tramo Mediterráneo de la Ruta 7, se descarta la histórica promesa de la autopista Luján-Junín y solo se realizarán intervenciones menores, como la repavimentación de seis kilómetros y la construcción de una pasarela peatonal. En la Ruta 5, se sumarán nuevas cabinas de peaje, pero tampoco se contemplan ampliaciones significativas.

El Gobierno argumenta que el nuevo modelo permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad vial sin recurrir a subsidios deficitarios, mientras que Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos bajo un esquema de control por resultados. Las empresas privadas y estatales, incluidas grandes constructoras y la bonaerense AUBASA, compiten por las concesiones, que permitirán ceder hasta el 70% de la recaudación de peajes para financiar las obras.

El proceso se enmarca en la política de ajuste fiscal y privatizaciones impulsada por la administración de Javier Milei. No obstante, la falta de obras de ampliación y la suba de tarifas han generado preocupación en sectores productivos y usuarios, que ven postergadas demandas históricas de mayor seguridad y capacidad vial. El impacto en la logística y el transporte de cargas será significativo, mientras se espera que todas las rutas estén en manos privadas durante el primer semestre del año.