Cristina Kirchner ha dado instrucciones para iniciar una negociación política con el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, así como los cargos de Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo. La decisión se produce en un contexto de recambio legislativo, donde el peronismo y el oficialismo suman los votos necesarios para avanzar en las designaciones, aunque para algunos cargos, como el de Defensor del Pueblo, se requiere el acuerdo de ambas cámaras.

La ex presidenta designó al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, como su principal negociador, desplazando a figuras como Wado de Pedro y Juan Manuel Olmos, quienes perdieron la confianza de Cristina tras no lograr impedir la confirmación de su condena judicial. Mena tendrá la tarea de negociar con el oficialismo, que tras las elecciones se muestra fortalecido y sin apuro por resolver las vacantes antes del 10 de diciembre.

Las negociaciones previas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el peronismo no prosperaron, y los pliegos de los candidatos propuestos por Milei para la Corte Suprema fueron rechazados por el Senado. En este nuevo escenario, Karina Milei, hermana del presidente, ha mantenido un canal de comunicación con Cristina, lo que ha influido en decisiones políticas recientes y podría facilitar el diálogo entre ambas partes.

Cristina Kirchner busca que una de las vacantes en la Corte sea ocupada por una mujer, y entre las candidatas se menciona a la ex senadora María de los Ángeles Sacnun. La urgencia de la negociación responde a la nueva composición del Congreso, que permite alcanzar los dos tercios necesarios para las designaciones si hay acuerdo entre el peronismo y el oficialismo. Sin embargo, el cargo de Defensor del Pueblo presenta mayores dificultades, ya que requiere el consenso de ambas cámaras y la bancada de Unión por la Patria en Diputados no responde de forma vertical a Cristina.

Fuentes oficiales consideran que este es un buen momento para negociar, aunque advierten que el gobierno no tiene urgencia y podría esperar hasta después del 10 de diciembre para avanzar. Analistas señalan que Cristina busca asegurar influencia en la Corte Suprema ante causas judiciales pendientes, mientras que el oficialismo evalúa sus opciones en un contexto de fortalecimiento político tras las elecciones. El desenlace de la negociación dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar acuerdos en un Congreso dividido y de la voluntad del gobierno de avanzar en las designaciones clave para el sistema judicial argentino.