La provincia de Santa Fe dio inicio esta semana al proceso de reforma de su Constitución, vigente desde 1962, con la jura de 68 de los 69 convencionales electos en la sede de la Legislatura provincial. El acto, marcado por la ausencia de la convencional Alejandra Oliveras debido a un grave problema de salud, abrió formalmente una etapa de 40 días de trabajo en comisiones, con la posibilidad de extenderse por 20 días más, para debatir y proponer modificaciones a la Carta Magna santafesina.

El reglamento aprobado establece que tanto los bloques políticos como la ciudadanía podrán presentar proyectos de reforma durante los próximos diez días. Estos proyectos serán remitidos a las comisiones correspondientes, que ya han sido conformadas con representación de todos los bloques y bajo criterios de paridad de género. Sin embargo, la designación de autoridades administrativas y parlamentarias generó críticas, ya que la totalidad de los cargos jerárquicos recayeron en varones, lo que motivó un pedido de reflexión por parte de la convencional Lucila de Ponti.

Uno de los puntos más debatidos es la posible habilitación de la reelección del gobernador, aunque con límites para evitar mandatos indefinidos. Esta modificación pondría a Santa Fe en sintonía con la Constitución Nacional y con la mayoría de las provincias argentinas, que ya permiten la reelección. El gobernador Maximiliano Pullaro, principal impulsor de la reforma, es señalado como potencial beneficiario de este cambio, aunque desde el oficialismo se subraya el cumplimiento de las normas democráticas y la búsqueda de modernización institucional.

El caso de Alejandra Oliveras, quien no pudo asumir por razones de salud, abrió un debate sobre los mecanismos de reemplazo y la aplicación de la paridad de género en la cobertura de vacantes. El reglamento prevé el reemplazo en casos de imposibilidad de asumir, pero resta definir si será definitivo o temporal y si se respetará el orden de la lista o el criterio de género.

El proceso de reforma se desarrolla en un contexto de alta politización y con la expectativa de que la nueva Constitución incorpore derechos y garantías acordes a los desafíos actuales. El debate sobre la reelección, la transparencia y la participación ciudadana marcan el pulso de una convención que busca equilibrar intereses y modernizar el marco legal de la provincia.