El caso de Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y homicidio en Córdoba, ha generado conmoción y debate en Argentina sobre la respuesta institucional ante la violencia de género. El 11 de octubre de 2025, Laurta asesinó a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio en la vivienda familiar de Villa Serrana, Córdoba. Posteriormente, secuestró a su hijo y emprendió una huida que incluyó el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, tenía antecedentes de violencia y había sido denunciado reiteradamente por Luna Giardina, quien contaba con botón antipánico y orden de restricción. Sin embargo, tras ser detenido en enero de 2024 por violar la restricción, fue liberado en febrero bajo estrictas condiciones, luego de que pericias psicológicas y psiquiátricas concluyeran que comprendía la criminalidad de sus actos y no presentaba peligrosidad. El crimen se produjo un día después del vencimiento de la orden de restricción, lo que expuso graves deficiencias en la protección institucional.

Durante su huida, Laurta contactó a un chofer de aplicaciones en Buenos Aires, Martín Palacio, quien fue asesinado y desmembrado antes de que el acusado ingresara a Córdoba. Laurta intentó llegar a Uruguay con su hijo, desviando su ruta y siendo finalmente capturado en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos. Ante la prensa, justificó sus acciones afirmando que "fui a rescatar a mi hijo".

El perfil digital de Laurta, administrador de "Varones Unidos", una plataforma antifeminista, y sus expresiones misóginas en redes sociales, han sido objeto de análisis por especialistas, quienes advierten sobre la influencia de la "manosfera" y la falta de atención judicial a estos discursos de odio. Criminólogos señalan que Laurta se inspiró en crímenes mediáticos previos y destacan la necesidad de revisar los procedimientos judiciales y las medidas de protección.

Actualmente, Laurta permanece detenido en Gualeguaychú, con prisión preventiva por el homicidio del remisero, y será trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio. El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y el rol de la Justicia en la prevención de la violencia de género, así como la importancia de monitorear perfiles digitales violentos y discursos de odio en redes sociales.