La situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política argentina tras la decisión del juez Jorge Gorini de imponer nuevas restricciones a su prisión domiciliaria y ordenar el decomiso de bienes pertenecientes a ella y a sus hijos. La medida, que fue apelada por la defensa, se fundamenta en supuestas irregularidades durante reuniones autorizadas a la ex mandataria, así como en la presunción de que ciertos bienes habrían sido adquiridos con fondos ilícitos.

La defensa de Fernández de Kirchner sostiene que no existen pruebas directas que justifiquen el decomiso y cita antecedentes judiciales que rechazan este tipo de medidas sin acreditación fehaciente. Además, argumentan que las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria carecen de sustento legal y vulneran derechos fundamentales, como el de defensa en juicio y el contacto con el mundo exterior, tal como lo establece la legislación argentina.

En respuesta a las decisiones judiciales, la ex presidenta recurrió a las redes sociales para denunciar una campaña mediática y política en su contra. "No es la foto… es la Economía estúpido", expresó, vinculando los ataques a su figura con el contexto económico actual y las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Fernández de Kirchner también destacó la presentación de un documento elaborado por economistas cercanos, que propone un modelo productivo alternativo y critica la gestión económica vigente.

El caso ha reavivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la influencia de los medios de comunicación y el poder político en las decisiones de la justicia. Mientras sectores afines a la ex presidenta denuncian una persecución política y judicial, los opositores insisten en la necesidad de que la ley se aplique sin excepciones.

El trasfondo de la causa incluye antecedentes de fallos polémicos, traslados de jueces y una larga serie de procesos judiciales a ex funcionarios y figuras políticas. En este contexto, la defensa de Fernández de Kirchner anticipa nuevas apelaciones y una creciente movilización política en torno a su figura, en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre sobre el futuro institucional y económico del país.