La Justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad a depositar $684.990.350.139,86, equivalentes a unos 537 millones de dólares, en un plazo de diez días hábiles. El Tribunal Oral Federal N.º 2, presidido por Jorge Gorini, adoptó el cálculo realizado por peritos de la Corte Suprema, descartando los números presentados por la defensa de Kirchner, que estimaban el monto en apenas $42.494 millones.

La resolución judicial establece que el pago debe realizarse en una cuenta judicial del Banco Nación, bajo apercibimiento de ejecución de los bienes embargados si no se cumple el plazo, que vence en las primeras horas del 13 de agosto. Los bienes alcanzados incluyen propiedades, cuentas bancarias y sociedades de los condenados, entre ellos Lázaro Báez, José López y otros exfuncionarios. El tribunal también ordenó ampliar los embargos sobre inmuebles y mantener las medidas cautelares sobre bienes muebles.

El monto del decomiso fue definido a partir de los beneficios obtenidos por Báez, favorecido con el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz, muchas de las cuales no se terminaron y presentaron sobreprecios del 20%. La Justicia determinó que el 80% de la obra pública vial en la provincia fue asignada a Austral Construcciones, empresa vinculada a Báez y al matrimonio Kirchner.

La condena de Cristina Kirchner, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Muchos de los bienes de la exmandataria y sus hijos están embargados en otras causas, como Hotesur-Los Sauces, que investiga lavado de dinero a través de hoteles y sociedades familiares. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsan la ejecución total de los bienes para cubrir el decomiso, mientras la defensa de Kirchner sostiene que el monto oficial es excesivo y presenta cálculos alternativos.

El tribunal también ordenó investigar posibles maniobras para ocultar bienes, incluyendo a allegados de Báez, y pidió informes sobre el estado procesal de la quiebra de Austral Construcciones. El caso Vialidad, que investiga fraude en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, genera un intenso debate público sobre corrupción y recuperación de activos en Argentina. Las implicaciones futuras incluyen la posible ejecución y remate de bienes embargados si no se cumple con el pago, así como el avance de investigaciones sobre el patrimonio de los condenados.