El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de AlertAR, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar notificaciones inmediatas a los teléfonos celulares ante emergencias como desastres naturales, eventos meteorológicos extremos y situaciones de seguridad en todo el territorio argentino. La iniciativa, oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, prevé una inversión de 12.000 millones de pesos provenientes del Fondo del Servicio Universal para la adquisición e instalación de la infraestructura necesaria.

AlertAR funcionará mediante la tecnología Cell Broadcast, que permite la difusión simultánea de mensajes a todos los dispositivos móviles ubicados en áreas geográficas específicas, sin requerir la descarga de aplicaciones ni la suscripción a servicios adicionales. El sistema será implementado en coordinación entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Ministerio de Seguridad y las empresas de telefonía móvil, que deberán adaptar sus redes para garantizar la cobertura nacional.

El proceso de implementación contempla una licitación pública para seleccionar al proveedor tecnológico, seguido de la instalación de servidores, antenas y otros equipos, y una fase de prueba de 60 días antes de su puesta en funcionamiento definitiva. El Ministerio de Seguridad será el encargado de activar y monitorear las alertas, siguiendo protocolos previamente definidos para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias.

La medida responde a la creciente frecuencia de emergencias climáticas y desastres naturales en el país, y busca fortalecer los mecanismos de prevención y protección de la población. Sistemas similares ya operan en países como Chile, Estados Unidos y Reino Unido, y han demostrado ser herramientas eficaces para advertir a la ciudadanía y reducir riesgos.

Autoridades y especialistas destacan que AlertAR permitirá brindar información inmediata y precisa, contribuyendo a salvar vidas y minimizar daños materiales. El financiamiento del sistema está asegurado para los primeros 36 meses de operación, incluyendo mantenimiento, capacitación y soporte técnico. Se espera que la colaboración entre organismos públicos y empresas privadas garantice la efectividad y sostenibilidad del sistema a largo plazo.