El gobierno argentino oficializó un nuevo decreto que modifica los requisitos para la importación y comercialización de mercaderías en el país, permitiendo la aceptación de certificaciones internacionales emitidas por organismos acreditados. Según la normativa publicada el 17 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, los productos que cumplan con las normas técnicas de países o grupos de países de referencia podrán ingresar y comercializarse en Argentina sin necesidad de someterse a nuevos ensayos o certificaciones locales.

La medida excluye expresamente a alimentos, medicamentos, armas, productos usados y otros rubros específicos, que seguirán regulados por normativas particulares. Para los productos bajo la órbita de la ANMAT y el SENASA, el decreto establece mecanismos específicos de acreditación y permite a estos organismos ampliar las exclusiones por razones sanitarias, siempre que no impliquen nuevas restricciones no arancelarias.

El decreto, que entrará en vigencia 60 días después de su publicación, busca agilizar el comercio exterior, reducir la burocracia estatal y facilitar la integración de Argentina en los mercados internacionales. "La aceptación de certificaciones internacionales constituye una medida adecuada para simplificar el comercio internacional y permitir que los productos ingresen y se comercialicen con mayor rapidez al eliminar barreras burocráticas", señala el texto oficial.

Los importadores deberán presentar declaraciones juradas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos, y los controles aduaneros continuarán bajo los procedimientos de selectividad y análisis de riesgo ya vigentes. En caso de incumplimientos o falsificaciones, se aplicarán sanciones penales y administrativas según la legislación vigente.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de desburocratización y simplificación de trámites impulsada por el gobierno, con el objetivo de fortalecer la economía nacional y mejorar la competitividad del sector productivo. Se espera que la medida sea bien recibida por la industria y los importadores, mientras que los organismos de control mantienen sus facultades para proteger la salud y la seguridad pública.