El reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión judicial, que responde a un extenso litigio iniciado tras la reestatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha generado una fuerte reacción tanto en el Gobierno argentino como en el sector energético.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el fallo no tendrá impacto directo sobre la empresa y destacó que la compañía atraviesa un "período de crecimiento extraordinario", especialmente en la formación de Vaca Muerta. Marín subrayó que YPF continúa adelante con inversiones clave, como la construcción de un nuevo oleoducto valuado en 3.000 millones de dólares, y la implementación de tecnología avanzada para optimizar la venta de combustibles. "Somos la única empresa en América Latina que tiene este tipo de herramienta", afirmó sobre el sistema de monitoreo de ventas en tiempo real.

Por su parte, el Gobierno argentino, a través del presidente Javier Milei y su vocero Manuel Adorni, anunció que apelará el fallo en todas las instancias posibles. Adorni calificó la sentencia como "jurídicamente inaplicable" y argumentó que la transferencia de acciones requiere autorización del Congreso y que las acciones no son legalmente transferibles. Además, fondos de inversión con sentencias favorables por deuda soberana impaga han solicitado también parte de las acciones de YPF, lo que complica aún más el escenario judicial y financiero.

El monto reclamado por Burford Capital, principal demandante, supera los 16.000 millones de dólares, una cifra que ha sido calificada de desproporcionada por analistas y exfuncionarios. El caso ha reavivado el debate sobre la expropiación de YPF y su impacto en el desarrollo de Vaca Muerta, el principal activo hidrocarburífero del país. Mientras algunos sostienen que la intervención estatal fue clave para el crecimiento del sector, otros argumentan que el desarrollo hubiera sido posible bajo gestión privada con políticas adecuadas.

En este contexto, la continuidad de las inversiones en Vaca Muerta y la resolución del litigio internacional serán determinantes para el futuro energético y económico de Argentina. El misterio sobre los beneficiarios finales del fallo a favor de Burford Capital añade un elemento de incertidumbre a una causa que ya es considerada una de las más complejas de la historia judicial argentina reciente.