El Gobierno argentino intensificó su defensa en el litigio internacional por la expropiación de YPF, presentando nuevos escritos ante la Justicia de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal, tal como ordenó la jueza Loretta Preska. La medida responde a la condena de más de US$16.000 millones impuesta en septiembre de 2023, que ahora, con intereses, supera los US$17.750 millones.

En sus presentaciones, la Procuración del Tesoro argumentó que cumplir con la sentencia forzaría a la Argentina a violar la Ley 26.741, que protege la soberanía hidrocarburífera, y provocaría la pérdida irreversible del control estatal sobre YPF. Además, advirtió que la transferencia inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como provincias y tenedores de bonos, y activar cláusulas contractuales perjudiciales para la compañía.

Los fondos demandantes, entre ellos Burford Capital, Eton Park y Bainbridge, rechazaron la solicitud argentina de suspender la ejecución del fallo. En sus escritos, citaron declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la decisión judicial como un "disparate jurídico" y advirtió sobre riesgos de privatización. Los demandantes acusan al Estado argentino de dilatar el cumplimiento del fallo y de buscar blindar su incumplimiento mediante proyectos de ley en el Congreso.

El Gobierno, por su parte, sostiene que no existe daño concreto para los demandantes si se suspende la ejecución, ya que la legislación local impide la venta de acciones sin aprobación legislativa. Además, subraya que no hay antecedentes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la ejecución de activos soberanos extranjeros fuera del territorio de EE.UU., lo que incrementa las posibilidades de revertir el fallo en instancias superiores.

Mientras tanto, la defensa argentina prepara la apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York y un nuevo pedido de suspensión de la orden de entrega de acciones. La resolución del caso dependerá de la conformación del tribunal de apelaciones y de la audiencia prevista para los próximos meses. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente relevante para futuras disputas sobre activos estatales en el ámbito internacional.