La jueza federal Natalia Martínez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, denunció el pasado domingo una intrusión intimidatoria en su departamento ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Al regresar a su domicilio cerca de las 20:30, la magistrada encontró luces encendidas y una colilla de cigarrillo en la cocina, pese a que ella no fuma. No se registraron signos de violencia en la puerta ni faltantes de objetos, lo que alimentó la hipótesis de un mensaje intimidatorio dirigido a la funcionaria judicial.

Ante la situación, Martínez dio aviso inmediato a la Policía y a sus superiores. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Virginia Sosa y el juez de Garantías Carlos Vera Barros, quienes abrieron una causa por intimidación y violación de domicilio. Se realizó una inspección ocular en la vivienda y se levantaron huellas para peritajes, mientras se tomaban declaraciones a posibles testigos. Desde la Fiscalía federal de Rosario se indicó que no se descarta ninguna línea investigativa y se avanza con medidas para despejar hipótesis.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se comunicó con la jueza para expresarle su respaldo y dispuso el refuerzo de su custodia personal. El hecho ocurre en un contexto de tensión en la justicia federal rosarina, marcado por investigaciones y renuncias recientes de otros magistrados. Martínez asumió el cargo en julio de este año, tras la renuncia de la anterior titular, y recientemente tomó relevancia pública al rechazar las excusaciones del juez Gastón Salmain, investigado por el Consejo de la Magistratura y denunciado por presuntas maniobras de forum shopping.

La magistrada advirtió que aceptar apartamientos masivos hubiera generado un colapso en el fuero previsional, caracterizado por la vulnerabilidad de sus beneficiarios. Finalmente, la Cámara Federal de Rosario resolvió no aceptar las excusaciones propuestas por Salmain. El episodio de intimidación sufrido por Martínez se suma a otros casos que afectan a funcionarios judiciales en Rosario, generando preocupación sobre la seguridad y la independencia de quienes llevan adelante investigaciones sensibles.

El refuerzo de custodia y el respaldo institucional buscan prevenir nuevos episodios y garantizar el normal funcionamiento de la justicia federal en la ciudad, mientras la investigación continúa en curso.