El Gobierno argentino enfrenta horas decisivas en el extenso juicio internacional por la expropiación de YPF, con la expectativa de un inminente fallo adverso de la jueza Loretta Preska en Nueva York. La causa, que se originó en 2012 tras la estatización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner, podría derivar en la entrega del 51% de las acciones estatales de YPF a fondos demandantes como Burford Capital, Eton Park y Bainbridge.

La condena original, dictada en 2023, obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses ya supera los 17.000 millones. En los últimos días, el Estado argentino presentó nuevos escritos y apelaciones ante la justicia estadounidense, argumentando que la ejecución de la sentencia violaría la soberanía nacional y la legislación interna, en particular la Ley 26.741, que impide la transferencia de acciones sin aval legislativo.

El lunes 7 de julio, los fondos demandantes rechazaron el pedido argentino de suspender la transferencia de acciones y citaron declaraciones recientes del gobernador bonaerense Axel Kicillof para reforzar su posición. Desde la Procuración del Tesoro, el equipo legal del Estado sostiene que la defensa argentina se ve perjudicada por estas declaraciones y por la falta de unidad política.

En paralelo, el Gobierno busca apoyo internacional, solicitando la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de otros países como "amicus curiae". El Congreso argentino también debate proyectos de ley para impedir la transferencia de acciones y blindar el control estatal sobre YPF.

El caso ha generado un intenso debate político y mediático en la Argentina, con acusaciones cruzadas entre funcionarios actuales y anteriores, y llamados a la unidad nacional para defender el patrimonio energético. "No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska", afirman fuentes oficiales. Por su parte, los demandantes acusan al Estado argentino de dilatar el cumplimiento del fallo y exigen garantías millonarias en caso de que se suspenda la ejecución.

El desenlace de este litigio podría tener consecuencias profundas para la economía argentina y su política energética, en un contexto de alta tensión política y judicial. El futuro de YPF, pieza clave para el desarrollo de Vaca Muerta y la balanza comercial energética, está en juego mientras se espera la decisión final de la justicia estadounidense.