Familiares de víctimas del fentanilo adulterado realizaron este martes movilizaciones simultáneas en Rosario y La Plata para exigir justicia y visibilizar la tragedia sanitaria que conmocionó al país. Las concentraciones, que reunieron a cientos de personas en el Monumento a la Bandera y en Plaza Moreno, estuvieron marcadas por la emoción, los homenajes y el reclamo de respuestas estatales.

Según datos judiciales, al menos 124 muertes han sido confirmadas como consecuencia de la aplicación de fentanilo contaminado, aunque la cifra podría ascender a 173 casos bajo investigación. Los familiares, portando corazones blancos y fotografías de las víctimas, denunciaron la ausencia de funcionarios nacionales y la falta de explicaciones satisfactorias por parte del Ministerio de Salud y la ANMAT. “No son números, son vidas. Por ellos y por todos aquellos que no saben su verdad”, fue uno de los lemas que resonó durante la jornada.

El caso, considerado la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina, involucra a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, responsables de la producción y distribución de los lotes contaminados. La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, ya cuenta con al menos seis detenidos y más de una docena de procesados, entre ellos directivos y responsables técnicos de los laboratorios implicados. “La cantidad de víctimas no condice con las dosis aplicadas, hay familias que no saben su verdad”, expresó Carla Maino, una de las organizadoras.

Durante los actos, se proyectaron videos con testimonios de familiares y se reiteró el pedido de memoria activa y justicia. Legisladores presentes reclamaron reformas estructurales en los sistemas de control sanitario y mayor capacidad de respuesta estatal ante emergencias de salud pública. “Esto no debería haber pasado y no tiene que pasar nunca más”, enfatizó una de las voceras.

El proceso judicial avanza, pero las familias insisten en que la tragedia no puede limitarse a un expediente y exigen sanciones claras, reparación social y un compromiso estatal para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.