El Gobierno de Javier Milei ha implementado una nueva herramienta digital en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, que permite a los trabajadores desafiliarse de los sindicatos de manera rápida y sencilla. La medida, anunciada el 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajador, ha generado un intenso debate entre el gobierno, los sindicatos y los trabajadores.

La herramienta, integrada en el sistema administrativo interno SARHA, permite a los empleados de ARCA gestionar su afiliación sindical directamente desde su legajo digital. Según el gobierno, esta iniciativa busca garantizar la libertad de elección de los trabajadores y no prohíbe la sindicalización. Además, el sistema informa a los empleados cuánto dinero recuperarían en su salario al desafiliarse.

Los sindicatos afectados, que incluyen AEFIP, SUPARA y UPSAFIP, han calificado la medida como una intromisión en la libertad sindical y han anunciado posibles acciones legales. "La afiliación sindical es un derecho personal y voluntario del trabajador que se ejerce directamente con la organización sindical. La patronal no tiene competencia legal para administrar, procesar ni gestionar decisiones de afiliación o desafiliación", señalaron en un comunicado conjunto.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de desburocratización y reducción de costos en el Estado. Desde 2023, ARCA ha sido objeto de una reestructuración significativa, incluyendo cambios en su nombre y estructura organizativa. Estas reformas han generado tensiones con los sindicatos, que denuncian despidos, cierre de oficinas y falta de negociación paritaria.

El gobierno y sus aliados han celebrado la medida como un avance hacia la transparencia y la libertad individual. Sin embargo, expertos y analistas están divididos: algunos ven la medida como un paso hacia la modernización, mientras que otros la consideran un debilitamiento de los derechos laborales.

Se espera que esta medida intensifique el conflicto entre el gobierno y los sindicatos, con posibles repercusiones en otros sectores del Estado. Mientras tanto, los trabajadores de ARCA enfrentan un panorama incierto, marcado por la tensión entre las políticas gubernamentales y los derechos laborales.