La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias argentinas atraviesa su momento más tenso desde la asunción de Javier Milei. En una acción inédita, los 24 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño presentaron en el Senado dos proyectos de ley que buscan establecer la distribución automática del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que hasta ahora el Ejecutivo nacional repartía de manera discrecional.

La iniciativa surgió tras meses de reclamos por parte de las provincias, que denuncian la caída de la coparticipación, la paralización de la obra pública y la falta de respuestas a sus demandas financieras. Las reuniones mantenidas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los encuentros con funcionarios nacionales no lograron destrabar la situación. Ante la falta de avances, los gobernadores decidieron avanzar de manera conjunta, logrando el respaldo de las principales bancadas legislativas, incluidas Unión por la Patria, UCR, PRO y partidos provinciales.

El Gobierno, que hasta hace poco contaba con el apoyo de algunos mandatarios, enfrenta ahora una unidad provincial sin precedentes. "Hay consenso mayoritario para avanzar en el Congreso. No es una amenaza, ya no hay marcha atrás", afirmó uno de los gobernadores moderados. El oficialismo, por su parte, intenta abrir un canal de diálogo y evitar una derrota legislativa que podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares del programa económico de Milei.

La situación se agrava en un contexto preelectoral y de debilidad parlamentaria para el Ejecutivo. Proyectos opositores sobre jubilaciones, financiamiento universitario y salud avanzan en el Congreso, mientras el Gobierno advierte que vetará cualquier iniciativa que comprometa las cuentas públicas. Sin embargo, la pérdida de aliados y el fortalecimiento del bloque opositor dificultan la capacidad del oficialismo para sostener sus vetos.

Analistas y legisladores coinciden en que el Gobierno enfrenta su mayor crisis de gobernabilidad, con consecuencias tanto políticas como económicas. El desenlace de la disputa en el Congreso será clave para el futuro del federalismo y la estabilidad del plan económico nacional.