Legisladores peronistas de la provincia de Río Negro presentaron un proyecto de ley que propone otorgar una asignación vitalicia y no contributiva a personas travestis y trans mayores de 50 años. La iniciativa, que ingresó recientemente en la Legislatura provincial, busca reparar décadas de exclusión social, discriminación y vulneración de derechos humanos sufridas por este colectivo.

El proyecto establece que el beneficio económico será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, e incluirá cobertura integral de salud garantizada por el Estado provincial. Para acceder a la asignación, los solicitantes deberán haber realizado el cambio registral en el Documento Nacional de Identidad y acreditar al menos tres años de residencia efectiva en Río Negro. El beneficio es incompatible con empleos formales o pensiones contributivas, aunque sí puede combinarse con el Monotributo Social.

Según los fundamentos del texto, la expectativa de vida de las personas travestis y trans en Argentina se ubica entre los 35 y 40 años, una cifra considerablemente inferior al promedio general. Los autores del proyecto, entre quienes se encuentran Daniel Belloso, José Luis Berros, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich, Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda, sostienen que la medida es urgente ante la extrema vulnerabilidad y la cadena de violencias que afectan a este sector desde la niñez.

La propuesta generó un fuerte debate político y social. El presidente del bloque PRO, Juan Martín, criticó duramente la iniciativa, calificándola de "una verdadera locura" y argumentando que "lo que se propone es que el dinero de los contribuyentes vaya a pagarle un sueldo o un subsidio a un pequeñísimo número de personas por el simple hecho de que pertenecen a un grupo ideológicamente afín al kirchnerismo". Martín también señaló que la medida "va en contra del principio de igualdad ante la ley".

Por su parte, los impulsores del proyecto subrayan que, pese a los avances legislativos nacionales en materia de derechos para la diversidad sexual, las personas travestis y trans continúan siendo uno de los sectores más excluidos y desprotegidos. Consideran que la reparación histórica es una deuda pendiente del Estado y que la provincia debe adoptar medidas concretas para garantizar condiciones de vida dignas.

El proyecto aún debe ser debatido en comisiones y promete una discusión intensa, con la participación de organizaciones sociales, especialistas en derechos humanos y distintos sectores políticos. El debate se da en un contexto de crisis económica y de discusión sobre el alcance de las políticas de reparación y el uso de recursos públicos.