El Gobierno nacional oficializó la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el programa de acceso a la vivienda que desde 2012 facilitó créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos para miles de familias argentinas. La medida, formalizada mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, responde a la intención de reducir el tamaño del Estado, transparentar el gasto y trasladar la financiación de viviendas al sector bancario privado.

Según la normativa, la administración de los créditos vigentes quedará en manos del Banco Hipotecario S.A., que mantendrá las condiciones contractuales originales para los beneficiarios. "Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente", aseguraron fuentes oficiales. La Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas del programa.

La decisión se apoya en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectaron demoras en la entrega de viviendas, sobrecostos, falta de condiciones de habitabilidad y dificultades para el control de recursos. El Gobierno argumenta que la financiación y ejecución de viviendas debe ser parte de la operatoria bancaria habitual, sin intervención estatal directa ni esquemas de subsidio público.

El cierre del Procrear afecta a cerca de 17.000 viviendas en desarrollo en todo el país, muchas de ellas con diferentes grados de avance. La continuidad y finalización de estos proyectos quedará a cargo de las provincias, municipios o, en su defecto, del sector privado. En la provincia de Buenos Aires, la gestión local asumió el compromiso de finalizar y adjudicar viviendas con fondos provinciales, especialmente en el conurbano.

Las viviendas terminadas pero no adjudicadas podrían ser incorporadas al mercado mediante ventas directas, lo que representa un cambio respecto al sistema de sorteo que caracterizaba al Procrear. Aún no se definió si contarán con financiamiento privado para facilitar el acceso a los compradores.

Exfuncionarios y sectores críticos advierten sobre el impacto social de la medida y denuncian que la liquidación del fondo podría beneficiar a actores privados vinculados al sector financiero. El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida es necesaria para mejorar la eficiencia estatal y garantizar la continuidad de los créditos ya otorgados.

La eliminación de Procrear se inscribe en una reforma más amplia que busca replegar la intervención estatal en materia de vivienda, dejando el protagonismo a bancos privados, empresas constructoras y gobiernos provinciales y municipales. El acceso al crédito hipotecario dependerá, en adelante, de las condiciones del mercado financiero, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la vivienda para sectores medios y trabajadores.