La feria La Salada, ubicada en Lomas de Zamora, continúa clausurada desde el 22 de mayo tras un operativo judicial que culminó con la detención de Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", y otras 15 personas. Los detenidos están acusados de lavado de dinero, evasión fiscal y contrabando, en el marco de una investigación que lleva más de dos años y que involucra a unas 25 empresas constituidas en Argentina y el exterior.

El cierre de la feria, que abarca más de 20 hectáreas y es considerada el mayor mercado informal del país, dejó sin sustento a más de 30.000 familias. Se estima que el impacto laboral, sumando empleos directos e indirectos, podría alcanzar a 100.000 personas. Desde el cierre, los trabajadores han realizado protestas y cortes en el Puente La Noria y en el centro de Lomas de Zamora, exigiendo la reapertura de la feria y el acceso a la mercadería que permanece en los galpones bajo custodia policial.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió a representantes de los trabajadores y expresó su preocupación por la situación social, aunque remarcó el respeto a las decisiones judiciales. "El objetivo es que mientras la investigación sigue su curso, en paz se garantice que los trabajadores puedan laburar y llevar tranquilidad a sus familias", afirmó Otermín.

Por su parte, el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires han intercambiado declaraciones sobre la responsabilidad en la seguridad y la resolución del conflicto. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió a críticas de la ministra Patricia Bullrich y defendió la actuación de la policía provincial en los incidentes ocurridos durante las protestas.

La investigación judicial, liderada por la fiscal Cecilia Incardona, apunta a una estructura financiera ilegal que operaba alrededor de la feria y otras del conurbano. Entre los bienes secuestrados se encuentran autos de alta gama, grandes sumas de dinero en efectivo y documentación relevante para la causa. Mientras tanto, los puesteros insisten en que no tienen relación con los delitos investigados y solo buscan recuperar su fuente de trabajo.

En los próximos días, está prevista una reunión clave entre la intendencia, los feriantes y la Justicia para buscar una solución que permita reabrir la feria sin interferir en la investigación. El futuro de miles de familias depende de una pronta resolución, mientras el conflicto sigue generando repercusiones políticas y sociales en la región.