Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, enfrenta una serie de denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de bienes en su declaración jurada y posibles irregularidades en contrataciones públicas. La controversia se centra en la adquisición de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024. Según documentación catastral, Angeletti figura como única titular de la propiedad, aunque la ley exige que los funcionarios declaren los bienes de sus cónyuges.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal señalando que la casa no fue incluida en la última declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción. El valor de la vivienda se estima entre 129.000 y 249.000 dólares, con expensas mensuales que pueden alcanzar los 800.000 pesos. Además, la familia habría realizado reformas de magnitud tras la compra.

El caso se agrava por la investigación de viajes en avión privado a Punta del Este, realizados por Adorni y su familia durante el feriado de carnaval. Los pasajes habrían sido pagados por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien también participó del viaje. El juez federal Ariel Lijo investiga si estos hechos podrían constituir delitos de dádivas o enriquecimiento ilícito.

Paralelamente, se analizan posibles irregularidades en contrataciones estatales, incluyendo la concesión de Tecnópolis y servicios de mensajería, donde se investiga la relación entre empresas adjudicatarias y la consultora +BE, propiedad de la esposa de Adorni. La diputada Pagano solicitó medidas de prueba para determinar la titularidad de la vivienda y la legalidad de los contratos.

El Gobierno ha evitado pronunciarse sobre el tema, aunque el presidente Javier Milei ratificó públicamente a Adorni en su cargo. Mientras tanto, la justicia continúa con la recolección de pruebas y la investigación de los hechos denunciados. El caso pone en debate la transparencia patrimonial y la ética en la función pública, en un contexto de creciente demanda social por mayor control sobre los bienes y actividades de los funcionarios.