Una grave denuncia por torturas y abusos sexuales a mujeres detenidas en la Unidad 51 de Magdalena sacudió al sistema penitenciario bonaerense. Según la presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos cuatro internas fueron víctimas de golpizas, vejaciones y abusos sexuales por parte de agentes penitenciarios, incluyendo personal masculino, el pasado 3 de junio.

El episodio se desencadenó tras una pelea en el pabellón donde estaban alojadas las víctimas. Aunque dos de las mujeres afirmaron no haber participado en el altercado, fueron alcanzadas por el operativo de control. De acuerdo con la denuncia, las detenidas fueron rociadas con gas pimienta, desnudadas y golpeadas en presencia de la jefa del penal, Daiana Balmaceda, y otros agentes. Dos de ellas sufrieron abusos sexuales y humillaciones, como ser obligadas a besar las botas de la autoridad penitenciaria y ser sometidas a requisas degradantes frente a personal masculino.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, consideró la denuncia "totalmente creíble" y avanza con la toma de testimonios y otras medidas de prueba. Sin embargo, enfrenta obstáculos debido a la reticencia de internos y penitenciarios a declarar, motivada por temor a represalias. La CPM también denunció irregularidades en los registros médicos, señalando que las lesiones de las víctimas no fueron debidamente constatadas en un primer momento.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la separación preventiva de los agentes señalados y removió a la cúpula de la Unidad 51. Además, se inició un sumario interno para determinar responsabilidades administrativas, mientras la investigación penal sigue su curso.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia institucional y la falta de prevención de la tortura en cárceles argentinas. Organizaciones de derechos humanos y la CPM exigen respuestas urgentes del Poder Ejecutivo y Judicial, advirtiendo que la impunidad en estos casos envía un mensaje de tolerancia hacia prácticas inhumanas. El impacto emocional en las víctimas es profundo, con testimonios que reflejan humillación, desesperación y temor por su integridad física y psicológica. El desarrollo de la causa será clave para determinar responsabilidades y evitar la repetición de hechos similares en el futuro.