El reciente acuerdo salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha generado reacciones encontradas. Aunque el acuerdo logró evitar un nuevo paro, los choferes consideran insuficientes los aumentos pactados y planean movilizaciones para exigir mejoras.

El acuerdo, firmado el 13 de mayo de 2025, establece un salario básico de $1.270.000 a partir de mayo, que se incrementará a $1.300.000 en junio. Además, los viáticos diarios subirán a $9.300 en mayo y a $9.700 en junio. También se incluyó una cláusula de revisión para junio, que permitirá evaluar nuevas actualizaciones salariales en función de la inflación y los costos operativos del sector.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, firmó el acuerdo junto a representantes de varias cámaras empresariales, como la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP). Sin embargo, la empresa Dota, una de las principales del sector, no firmó el convenio, aunque deberá cumplirlo debido a su homologación por la Secretaría de Trabajo.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, destacó la predisposición de ambas partes para llegar a un consenso. Julio Cordero, secretario de Trabajo, señaló que el acuerdo es un ejemplo de diálogo y cooperación en un contexto económico desafiante. No obstante, las cámaras empresariales advirtieron que el cumplimiento del acuerdo está condicionado a la actualización de los costos e ingresos por parte del Ministerio de Economía.

A pesar de estos avances, los choferes han expresado su descontento. Consideran que el aumento del 7,7% es insuficiente frente a la inflación y el contexto económico actual. Por ello, han anunciado una jornada de protesta para el 15 de mayo en el Puente Pueyrredón, con el objetivo de visibilizar su descontento y exigir mejoras salariales más significativas.

El conflicto salarial se enmarca en un sistema de transporte público altamente subsidiado por el Estado, lo que añade complejidad a las negociaciones. Actualmente, el sistema funciona con $172.000 millones mensuales, de los cuales un 70% proviene de subsidios estatales y el 30% de las tarifas. Este esquema ha sido criticado por su falta de sostenibilidad y por las tensiones que genera entre los actores involucrados.

En este contexto, el acuerdo salarial representa un alivio temporal, pero no resuelve las tensiones subyacentes en el sector. Las próximas semanas serán clave para determinar si las movilizaciones de los choferes logran presionar por nuevas mejoras o si el acuerdo actual se mantiene como el marco definitivo para el corto plazo.