La quinta audiencia del juicio oral por la Causa Cuadernos tuvo como eje la acusación formal de la fiscalía contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se señala como la principal receptora de sobornos provenientes de empresarios que buscaban contratos de obra pública durante su gobierno. Según la acusación leída por el fiscal federal Carlos Stornelli, la ex mandataria habría recibido sumas de dinero en sus domicilios, principalmente en el departamento de Recoleta, a través de un sistema de recaudación que involucraba a funcionarios como Roberto Baratta y el fallecido secretario Daniel Muñoz.

La fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2015, se realizaron al menos 127 pagos de sobornos, de los cuales 38 habrían tenido como destino final propiedades vinculadas a Cristina Kirchner. El mecanismo, según los testimonios de arrepentidos como Claudio Uberti y José López, consistía en la entrega de dinero en efectivo, oculto en bolsos y valijas, que luego era trasladado a diferentes domicilios, incluyendo la Casa de Gobierno y la residencia de la ex presidenta.

Durante la audiencia, se leyeron también los descargos de los principales imputados. Cristina Kirchner negó categóricamente los cargos, afirmando: "No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen". La ex mandataria denunció una persecución judicial en su contra y cuestionó la falta de pruebas concretas. Otros acusados, como el ex ministro Julio De Vido y empresarios involucrados, también rechazaron las imputaciones y solicitaron nuevas medidas de prueba.

El juicio, que se desarrolla de manera virtual, continuará en las próximas semanas con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en causas vinculadas y la toma de declaraciones indagatorias. La causa Cuadernos, basada en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y los testimonios de imputados colaboradores, investiga una presunta red de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El proceso involucra a más de 80 imputados, entre ex funcionarios y empresarios, y se espera que se extienda durante varios meses. Las audiencias seguirán bajo modalidad mixta, con la posibilidad de aumentar la presencialidad en el futuro, mientras el tribunal evalúa nuevas medidas logísticas.