La relación entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales atraviesa su momento más tenso desde la asunción de Javier Milei. En la antesala del 9 de Julio, la oposición en el Congreso, con el respaldo de mandatarios de distintos signos políticos, avanza con una agenda legislativa que desafía abiertamente la estrategia del oficialismo.

En el Senado, la oposición busca sesionar para tratar proyectos de alto impacto social, como el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. A estos se suman dos iniciativas impulsadas por los 24 gobernadores, que exigen el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. "Van sobre tablas, se vota y salen los dos proyectos de los gobernadores por paliza", reconoció una fuente parlamentaria.

El oficialismo, por su parte, intenta frenar el avance opositor mediante resoluciones administrativas y negociaciones de último momento. La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó una resolución que desconoce los dictámenes de comisión sobre jubilaciones y discapacidad, argumentando irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, la mayoría opositora asegura contar con el quórum y los dos tercios necesarios para aprobar las iniciativas.

La tensión política se trasladó también al plano institucional. El acto oficial por el 9 de Julio en Tucumán fue suspendido, oficialmente por cuestiones climáticas, aunque la baja participación de gobernadores fue determinante. "No hubo ningún llamado político para acompañar al Presidente", señalaron desde el entorno de los mandatarios provinciales.

El trasfondo de la crisis radica en el reclamo de las provincias por una mayor distribución de fondos y autonomía en el manejo de recursos. Los proyectos presentados en el Senado implican una redistribución cercana a $1 billón, lo que el gobierno considera un riesgo para el equilibrio fiscal. "Lo que planteamos afecta apenas el 0,11% del PBI", argumentan fuentes provinciales, mientras el Ejecutivo advierte sobre el impacto en las cuentas públicas.

A un año de la foto de unidad con 18 gobernadores, Milei enfrenta una fractura política que complica la gobernabilidad y anticipa un escenario de mayor fragmentación parlamentaria de cara a las elecciones legislativas de octubre.