El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha dado inicio a un ambicioso plan de privatización de la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa). Este proceso, oficializado mediante el Decreto 286/2025, busca desmantelar las 15 unidades de negocio de la compañía por etapas, comenzando con la venta del 50% de las acciones de Enarsa en Citelec, la sociedad controlante de Transener, la principal transportadora de electricidad del país.

Transener opera más del 85% de las líneas de alta tensión en Argentina, lo que la convierte en un activo estratégico dentro del sistema eléctrico nacional. Según estimaciones oficiales, la venta de esta participación podría generar al menos USD 200 millones, dado que el valor de mercado de Transener ronda los USD 800 millones. La operación se realizará mediante un concurso público nacional e internacional, con la expectativa de completarla antes de fin de año.

El objetivo del gobierno es atraer inversión privada, reducir la carga fiscal y concentrarse en funciones esenciales del Estado. Enarsa, creada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, ha sido un brazo ejecutor de políticas públicas en el sector energético, gestionando activos como el Gasoducto Perito Moreno y represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Sin embargo, la empresa ha representado una carga fiscal significativa, recibiendo transferencias estatales por más de $1,23 billones en 2023.

La privatización de Enarsa se enmarca en la Ley Bases, que también contempla la desinversión en otras empresas estatales como Intercargo y Aysa. Este proceso no incluirá programas de propiedad participada ni otorgará preferencias a empleados o provincias, marcando un contraste con experiencias previas de privatización en el país.

No obstante, el proceso enfrenta desafíos legales. La Ley 24.065, que regula el mercado eléctrico, establece restricciones a la integración vertical, lo que limita la participación de empresas como Pampa Energía, que ya opera en los segmentos de generación y transporte eléctrico. A pesar de estas limitaciones, el gobierno confía en que el proceso atraerá a múltiples interesados, tanto nacionales como internacionales.

La medida ha generado reacciones divididas. Mientras el gobierno sostiene que la privatización permitirá una gestión más eficiente y atraerá inversiones, críticos argumentan que la decisión es ideológica y podría debilitar el rol del Estado en sectores estratégicos. Expertos también han señalado que, aunque la privatización podría modernizar el sector, existe el riesgo de repetir errores de políticas de los años 90.

Enarsa, que cuenta con 320 empleados, ha sido históricamente una empresa clave en el sector energético argentino. Su privatización marca un cambio significativo en la política energética del país, con implicaciones que podrían redefinir el rol del Estado en este sector estratégico.