El Gobierno nacional intensificó en diciembre las negociaciones con los gobernadores provinciales, incrementando significativamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para asegurar el respaldo legislativo necesario para la aprobación del Presupuesto 2026 y otras reformas clave. Según datos oficiales y reportes de diversos medios, en lo que va del mes se distribuyeron $66.500 millones en ATN, lo que representa un aumento del 50% respecto a los fondos girados en los once meses previos.

Las provincias más beneficiadas por estos envíos fueron Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron las negociaciones, mientras que en el Senado la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aceleró los tiempos para tratar la reforma laboral antes de fin de año. El objetivo del oficialismo es lograr la aprobación exprés de varias leyes clave, entre ellas la ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, en un contexto de intensas protestas sindicales y sociales.

El reparto de ATN fue determinante para que legisladores de provincias aliadas acompañaran los dictámenes de mayoría en el Congreso. Sin embargo, la estrategia generó tensiones con otros gobernadores, quienes reclaman por obras públicas, fondos previsionales y una distribución más equitativa de los recursos. "Negociar dejando la billetera completa en el escritorio es imposible", señalaron fuentes cercanas a la gestión anterior del Ministerio del Interior, reflejando la persistencia de prácticas políticas tradicionales.

El uso de los ATN, fondos previstos para emergencias y desequilibrios financieros, ha sido objeto de debate. En septiembre, el Congreso aprobó una ley para automatizar su reparto, pero el Ejecutivo vetó la iniciativa, manteniendo la discrecionalidad en la asignación. Aunque el Gobierno de Javier Milei aumentó los ATN respecto a 2024, el reparto real es menor que en 2023, último año de la gestión anterior.

Mientras tanto, sectores opositores y organizaciones sociales preparan movilizaciones en rechazo a la reforma laboral y al uso político de los fondos. El oficialismo, por su parte, confía en cerrar el año con logros parlamentarios que fortalezcan su posición de cara a 2026, aunque persisten desafíos en la relación con las provincias y en la gestión de los recursos federales.