Argentina y Estados Unidos han firmado un acuerdo de cooperación de cinco años destinado a fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos en el Atlántico Sur. El convenio, que involucra transferencia tecnológica, incorporación de aeronaves y sistemas de inteligencia artificial, busca mejorar la capacidad de detección y respuesta ante actividades ilícitas, como la pesca ilegal de flotas extranjeras, especialmente en la denominada "Milla 201".

El acuerdo, conocido como Programa 333 de Desarrollo de Capacidades de Asociación, contempla la entrega de dos aviones Beechcraft King Air 360ER MPA, drones de despegue vertical y un simulador para la formación de tripulaciones de la Armada Argentina. Además, se prevé la actualización de aeronaves existentes con sensores multiespectrales y sistemas de comando y control, así como la capacitación de personal operativo y técnico.

Durante la semana de conversaciones bilaterales, altos mandos de ambas armadas y representantes diplomáticos participaron en ejercicios conjuntos y firmaron un acta de entendimiento final. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, calificó la alianza como estratégica para la seguridad marítima regional.

En paralelo, la Prefectura Naval Argentina presentó SIGU, un sistema de inteligencia artificial que se integrará al Sistema Guardacostas para facilitar el monitoreo y la protección de los recursos marítimos. Investigaciones científicas recientes han evidenciado el impacto ambiental de la pesca extranjera, con hallazgos de basura y daños en el lecho marino.

El acuerdo ha generado debate en el ámbito político y académico. Mientras las autoridades resaltan la modernización y el fortalecimiento de capacidades, críticos como el historiador David Pizarro advierten sobre la pérdida de autonomía y la subordinación a intereses extranjeros. Pizarro sostiene que el Mar Argentino no debe ser considerado un "bien común global" y cuestiona la falta de una política de defensa nacional robusta.

El Atlántico Sur continúa siendo un escenario de disputa geopolítica, con la presencia de flotas pesqueras extranjeras, la falta de una organización regional de regulación y la influencia de potencias como Estados Unidos, China y el Reino Unido. El futuro del acuerdo y su impacto en la soberanía y la protección de los recursos argentinos seguirán siendo objeto de análisis y debate.