Un brote de fentanilo contaminado ha provocado al menos 52 muertes y más de 90 afectados en hospitales de Argentina, generando una crisis sanitaria y judicial de gran magnitud. El brote, detectado inicialmente en mayo de 2025 tras la muerte de varios pacientes en el Hospital Italiano de La Plata, se extendió a 19 centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe.

Las investigaciones apuntan a los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A. como responsables de la distribución de los lotes contaminados. Las ampollas de fentanilo, un opioide sintético de uso hospitalario, estaban contaminadas con bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, según confirmaron pericias químicas y sanitarias. El Ministerio de Salud de la Nación implementó una vigilancia activa y canales de notificación para detectar nuevos casos, mientras que la ANMAT emitió una alerta sanitaria nacional y ordenó el retiro inmediato de los lotes sospechosos.

A pesar de la gravedad del caso, la justicia aún no ha imputado a ningún responsable tras tres meses de investigación. El juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, realizó allanamientos y secuestró documentación en laboratorios y organismos reguladores, pero la causa avanza lentamente. El Hospital Italiano de La Plata fue admitido como querellante, lo que le permite impulsar medidas de prueba y solicitar indagatorias.

El caso ha puesto en evidencia fallas en los controles regulatorios, ya que la ANMAT había registrado numerosas infracciones y desvíos de calidad en los laboratorios investigados. Además, surgieron sospechas sobre la posible desviación de grandes cantidades de fentanilo al mercado ilegal y la destrucción dudosa de parte del fármaco, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación, incluso por posibles vínculos con el narcotráfico.

Familiares de las víctimas y sectores del sistema de salud exigen justicia y mayor control sobre la producción y distribución de medicamentos críticos. Las autoridades sanitarias y judiciales enfrentan críticas por la lentitud en la respuesta y la falta de imputaciones, mientras persiste la preocupación por la posibilidad de nuevos casos y la expansión del brote. El desenlace de la investigación será clave para determinar responsabilidades y evitar futuras tragedias en el sistema de salud argentino.